Laura Rodríguez
La "guerra contra el terrorismo" que sucedió a los atentados que el 11 de septiembre de 2001 sacudieron a Estados Unidos, dejó al desnudo, como nunca hasta entonces, la fragilidad de los derechos humanos en el mundo.
Bajo la gestión de George W. Bush y al amparo de la indignación mundial por los aviones que impactaron en el corazón financiero y militar de Estados Unidos, Washington cambió su legislación contra el terrorismo y provocó un retroceso en las libertades y garantías individuales. Al punto que la "Patriot Act", la ley antiterrorista puesta en práctica con el objetivo de ampliar la capacidad de control del Estado para el combate al terrorismo, fue prorrogada este año por el Congreso estadounidense hasta junio de 2015. La norma, que permite escuchas telefónicas privadas y la intercepción de correos electrónicos sin orden judicial para la "prevención terrorista", fue y es duramente criticada por los organismos y organizaciones de derechos humanos. Los cuestionamientos son coincidentes: restringe las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros. En aras de la "lucha contra el terrorismo", las autoridades estadounidenses recurrieron además a la detención por tiempo indeterminado y sin posibilidad de defensa para el acusado y a la aplicación de métodos de tortura, reconocidos por el propio Bush. También de los asesinatos premeditados y extrajudiciales, tal como ocurrió recientemente con el considerado autor intelectual del 11-S, Osama Ben Laden, asesinado por Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Abbottabad el pasado 1 de mayo. Las condiciones de los prisioneros en Guantánamo -cuyo cierre aún incumplido fue eje de campaña electoral de Barack Obama-, los episodios de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y las cárceles secretas en países aliados, son evidencias también del retroceso que experimentaron los derechos humanos desde hace una década. La prisión de Guantánamo, situada en la bahía homónima donde funciona una base militar desde que Estados Unidos la ocupó 1898, fue abierta el 11 de enero de 2002 y desde entonces fueron detenidas en ella 779 personas bajo sospecha de terrorismo, casi todas musulmanas. Años después se supo que muchos de esos prisioneros no tenían vinculación con el extremismo islámico, y en la actualidad 170 de ellos siguen recluidos. Son interrogados en la prisión por tribunales especiales y no procesados ante tribunales ordinarios en Estados Unidos. En el plano externo, Estados Unidos también impulsó la colaboración casi forzada ("O están con nosotros o están con los terroristas”, dijo Bush en un histórico discurso el 21 de septiembre de 2001) de los aparatos de seguridad e inteligencia de los países que se aliaron en la "guerra contra el terrorismo". La Agencia Central de Inteligencia (CIA) puso en práctica, con la complicidad de numerosas estados de Europa, un programa secreto para detener a presuntos extremistas en suelo extranjero y trasladarlos luego a terceras naciones para interrogarlos, en muchos casos bajo tortura como se comprobó posteriormente. A través de su programa Entrega, Rendición e Interrogatorio (RDI), la CIA trasladó a sus centros clandestinos de detención, conocidos como "sitios negros", a unos 3.000 sospechosos de terrorismo en más de 1.200 vuelos y los mantuvo fuera del alcance de cualquier sistema judicial. Los detenidos fueron sometidos a interrogatorios con técnicas como el "submarino", la práctica del ahogo simulado que, para evitar cualquier intención de negarlo, las leyes internacionales lo encuadran dentro de los métodos de tortura. Fue el máximo funcionario de Europa para los derechos humanos quien acusó esta semana a gobiernos del continente de ayudar a Estados Unidos a cometer "incontables crímenes" en la "guerra al terrorismo" lanzada por Washington hace 10 años. "Muchos de estos crímenes fueron encubiertos cuidadosa y deliberadamente y se desarrollaron en países europeos", dijo Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien emplazó a Polonia, Rumania y Lituania a dar explicaciones sobre la existencia de centros de interrogatorios de la CIA en sus territorios. "En el intento por combatir crímenes atribuidos a terroristas, incontables crímenes más se cometieron en el curso de la `guerra global contra el terrorismo´ encabezada por Estados Unidos", señaló Hammarberg. Andrea Prasow, experta en terrorismo para la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) consideró "un gran avance" el cierre de las cárceles de la CIA y el fin de las torturas ordenadas por Obama, aunque aseguró estar "muy decepcionados" con la política del actual mandatario. Los activistas de derechos humanos le reclaman a Obama el procesamiento a los funcionarios que durante la administración Bush aprobaron los métodos de tortura. "Obama considera las torturas como una elección política desacertada y no como un delito", señaló Prasow. Dick Cheney, ex vicepresidente de Bush, se manifestó en mayo pasado a favor de la utilización del "submarino" como método de interrogación. "Funcionó. Aportó datos secretos de relevancia vital", dijo en alusión a esas prácticas. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, dijo a Télam que "si algo queda claro a diez años de los atentados, es que una violencia no se resuelve con otra violencia. El ataque terrorista a las Torres Gemelas no justifica bajo ningún concepto las atrocidades cometidas por Estados Unidos por fuera de toda legislación internacional". "El gobierno de Estados Unidos con su `declaración de guerra al terrorismo` envolvió al resto del mundo occidental y sus aliados en nuevos escenarios bélicos, con las graves consecuencias que representa para la vida de otros pueblos", manifestó Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz 1980, quien escribió una carta pública a Obama esta semana, cuestionó al mandatario por las medidas anunciadas no cumplidas y la continuidad de la carrera armamentística que propició su antecesor Bush. "¿Cuánto cuesta a Estados Unidos las bombas que arrojan junto a sus aliados sobre Libia, Irak y Afganistán?", se preguntó y agregó: "Si se sumasen todo los millones invertidos para la muerte, ¿cuánto más se podría hacer por la humanidad?".
La "guerra contra el terrorismo" que sucedió a los atentados que el 11 de septiembre de 2001 sacudieron a Estados Unidos, dejó al desnudo, como nunca hasta entonces, la fragilidad de los derechos humanos en el mundo.
Bajo la gestión de George W. Bush y al amparo de la indignación mundial por los aviones que impactaron en el corazón financiero y militar de Estados Unidos, Washington cambió su legislación contra el terrorismo y provocó un retroceso en las libertades y garantías individuales. Al punto que la "Patriot Act", la ley antiterrorista puesta en práctica con el objetivo de ampliar la capacidad de control del Estado para el combate al terrorismo, fue prorrogada este año por el Congreso estadounidense hasta junio de 2015. La norma, que permite escuchas telefónicas privadas y la intercepción de correos electrónicos sin orden judicial para la "prevención terrorista", fue y es duramente criticada por los organismos y organizaciones de derechos humanos. Los cuestionamientos son coincidentes: restringe las libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros. En aras de la "lucha contra el terrorismo", las autoridades estadounidenses recurrieron además a la detención por tiempo indeterminado y sin posibilidad de defensa para el acusado y a la aplicación de métodos de tortura, reconocidos por el propio Bush. También de los asesinatos premeditados y extrajudiciales, tal como ocurrió recientemente con el considerado autor intelectual del 11-S, Osama Ben Laden, asesinado por Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Abbottabad el pasado 1 de mayo. Las condiciones de los prisioneros en Guantánamo -cuyo cierre aún incumplido fue eje de campaña electoral de Barack Obama-, los episodios de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y las cárceles secretas en países aliados, son evidencias también del retroceso que experimentaron los derechos humanos desde hace una década. La prisión de Guantánamo, situada en la bahía homónima donde funciona una base militar desde que Estados Unidos la ocupó 1898, fue abierta el 11 de enero de 2002 y desde entonces fueron detenidas en ella 779 personas bajo sospecha de terrorismo, casi todas musulmanas. Años después se supo que muchos de esos prisioneros no tenían vinculación con el extremismo islámico, y en la actualidad 170 de ellos siguen recluidos. Son interrogados en la prisión por tribunales especiales y no procesados ante tribunales ordinarios en Estados Unidos. En el plano externo, Estados Unidos también impulsó la colaboración casi forzada ("O están con nosotros o están con los terroristas”, dijo Bush en un histórico discurso el 21 de septiembre de 2001) de los aparatos de seguridad e inteligencia de los países que se aliaron en la "guerra contra el terrorismo". La Agencia Central de Inteligencia (CIA) puso en práctica, con la complicidad de numerosas estados de Europa, un programa secreto para detener a presuntos extremistas en suelo extranjero y trasladarlos luego a terceras naciones para interrogarlos, en muchos casos bajo tortura como se comprobó posteriormente. A través de su programa Entrega, Rendición e Interrogatorio (RDI), la CIA trasladó a sus centros clandestinos de detención, conocidos como "sitios negros", a unos 3.000 sospechosos de terrorismo en más de 1.200 vuelos y los mantuvo fuera del alcance de cualquier sistema judicial. Los detenidos fueron sometidos a interrogatorios con técnicas como el "submarino", la práctica del ahogo simulado que, para evitar cualquier intención de negarlo, las leyes internacionales lo encuadran dentro de los métodos de tortura. Fue el máximo funcionario de Europa para los derechos humanos quien acusó esta semana a gobiernos del continente de ayudar a Estados Unidos a cometer "incontables crímenes" en la "guerra al terrorismo" lanzada por Washington hace 10 años. "Muchos de estos crímenes fueron encubiertos cuidadosa y deliberadamente y se desarrollaron en países europeos", dijo Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, quien emplazó a Polonia, Rumania y Lituania a dar explicaciones sobre la existencia de centros de interrogatorios de la CIA en sus territorios. "En el intento por combatir crímenes atribuidos a terroristas, incontables crímenes más se cometieron en el curso de la `guerra global contra el terrorismo´ encabezada por Estados Unidos", señaló Hammarberg. Andrea Prasow, experta en terrorismo para la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) consideró "un gran avance" el cierre de las cárceles de la CIA y el fin de las torturas ordenadas por Obama, aunque aseguró estar "muy decepcionados" con la política del actual mandatario. Los activistas de derechos humanos le reclaman a Obama el procesamiento a los funcionarios que durante la administración Bush aprobaron los métodos de tortura. "Obama considera las torturas como una elección política desacertada y no como un delito", señaló Prasow. Dick Cheney, ex vicepresidente de Bush, se manifestó en mayo pasado a favor de la utilización del "submarino" como método de interrogación. "Funcionó. Aportó datos secretos de relevancia vital", dijo en alusión a esas prácticas. El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, dijo a Télam que "si algo queda claro a diez años de los atentados, es que una violencia no se resuelve con otra violencia. El ataque terrorista a las Torres Gemelas no justifica bajo ningún concepto las atrocidades cometidas por Estados Unidos por fuera de toda legislación internacional". "El gobierno de Estados Unidos con su `declaración de guerra al terrorismo` envolvió al resto del mundo occidental y sus aliados en nuevos escenarios bélicos, con las graves consecuencias que representa para la vida de otros pueblos", manifestó Pérez Esquivel. El Nobel de la Paz 1980, quien escribió una carta pública a Obama esta semana, cuestionó al mandatario por las medidas anunciadas no cumplidas y la continuidad de la carrera armamentística que propició su antecesor Bush. "¿Cuánto cuesta a Estados Unidos las bombas que arrojan junto a sus aliados sobre Libia, Irak y Afganistán?", se preguntó y agregó: "Si se sumasen todo los millones invertidos para la muerte, ¿cuánto más se podría hacer por la humanidad?".
